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Una ley que entra en vigor este viernes 9 de marzo y que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de noviembre (puedes consultarla PINCHANDO AQUÍ), y con la que se busca regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos.
Entre los aspectos que contempla la Ley está el que en las contrataciones públicas se incorporarán, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, criterios sociales y medioambientales con la intencionalidad de proporcionar una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se quiere facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas y las de economía social.
Entre las consideraciones de tipo social o relativas al empleo que podrán introducirse en las contrataciones están la de emplear un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional o promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de empresas de inserción.